Amparan a 22 militares acusados de desapariciones

Se trata de soldados que se encontraban bajo las órdenes del general Manuel Moreno Aviña en la guarnición militar de Ojinaga, Chihuahua, a quienes se les señaló de incurrir en violaciones graves a los derechos humanos entre 2008 y 2009.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó a 22 militares para que sus procesos penales, que se iniciaron en el fuero castrense, sean revisados por la justicia civil.

Los elementos del Ejército mexicano están acusados de encubrir homicidios y desapariciones forzadas contra civiles, además de participar en operativos ilegales y de recibir el apoyo del crimen organizado.

Se trata de soldados que se encontraban bajo las órdenes del general Manuel Moreno Aviña en la guarnición militar de Ojinaga, Chihuahua, a quienes se les señaló de incurrir en violaciones graves a los derechos humanos entre 2008 y 2009.

Algunos de los militares alegaron que actuaron es estricto apego a las órdenes del mencionado mando castrense.

A Moreno Aviña se le imputa haber ordenado la ejecución de siete civiles y de realizar operaciones ilegales, pues nunca contaron con aval de un juzgado federal. Además, se cree que recibió apoyo del crimen organizado para detener, torturar y asesinar a integrantes de grupos criminales contrarios.

Con siete votos a favor y uno en contra el pleno de la Corte resolvió que el caso de los elementos castrenses debe ser revisado por la justicia ordinaria, pues en dichos delitos las víctimas son civiles.

Los ministros mencionaron que los soldados fueron juzgados bajo un artículo “inconvencional” del Código de Justicia Militar, que contraviene la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Los soldados involucrados se encontraban sujetos a proceso penal en el juzgado de la tercera Región Militar con sede en Mazatlán, Sinaloa.

Con el fallo de la Suprema Corte los autos de formal prisión dictados en su contra quedaron sin efecto, pero no podrán abandonar la prisión, ya que en las próximas 72 horas un juez federal deberá resolver si hay delitos que perseguir.

La resolución tuvo su origen en cinco amparos promovidos por los soldados Alberto Alvarado Vázquez, Avinadab Álvarez Méndez, Uriel Carrera García, Héctor Hernández Gutiérrez y Gonzalo Arturo Huesca Isai.

Algunos de los asesinatos en los que se les relaciona son los de Érick Campos Valenzuela, El Campitos; Esaú Samaniego Rey, El Cholo, y José Heriberto Rojas Lemus, El Michoacano.

El general Manuel Moreno enfrenta dos procesos penales: uno por delitos contra la salud y otro por violencia contra las personas, lo que causó homicidios calificados.

Sin embargo, el no promovió amparo, ni ocho soldados más que han sido vinculados con esta serie de crímenes

Al mando castrense también se le acusa de quedarse ilegalmente con vehículos, recibir sobornos de presuntos narcotraficantes, permitir cateos sin orden judicial y sembrar armas a detenidos.

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