Islas Marías, tortura más allá de las rejas

Captura de pantalla 2014-02-10 a la(s) 11.23.1210-Feb-14. “Aquí nos tratan como basura. Me dan ganas de cortarme las venas. Todo lo vuelven anormal. Si quieres tener una pareja, te castigan”, dice una interna, mientras otra comenta: “A nadie le interesa si te enfermas; no tienen ni cómo tomar la presión. Sientes una gran impotencia. Los oficiales se comportan bien déspotas y las enfermeras también te dicen: ‘pues, muérete'”.

Esas frases son parte de los 149 testimonios de mujeres que recabó la especialista Elena Azaola durante varias visitas al centro penitenciario de Islas Marías, como parte de la investigación que 11 organizaciones no gubernamentales entregaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir su intervención ante la violación de las garantías individuales.

Las historias dan cuenta de las condiciones de maltrato e incertidumbre jurídica que viven desde el encierro. Pero esa situación no es privativa de las mujeres, los hombres también han denunciado una serie de anomalías que van del hacinamiento y la incomunicación hasta el castigo físico.

El organismo internacional encabezado por Emilio Álvarez Icaza, comenta Azaola, fue receptivo a la denuncia y les informó que buscará que una delegación haga una visita al centro penitenciario para corroborar las condiciones de vida de los internos.

A su vez, señala en entrevista, el gobierno federal ofreció tomar en cuenta las consideraciones de las asociaciones civiles, como reubicar a las mujeres de las Islas Marías que deberían purgar penas en lugares distintos a los asignados a los hombres. Además, dijeron que permitirán a los organismos continuar con visitas de forma libre.

Entre las irregularidades que denuncian destaca que 30% de los internos, de los cerca de ocho mil que ahí habitan, han sido aislados por periodos de 20 días a dos meses. En ese lapso son golpeados y obligados a cumplir su castigo sin camisa ni zapatos. Además, 80% manifiesta su interés por trabajar, pues no hay opciones y, en el caso de las mujeres con actividades laborales, sólo 20% recibe remuneración.

Esta no es la primera queja que recibe el centro penitenciario. En 2011, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación en la que documentó 24 casos de internos que hicieron llegar sus quejas al organismo de septiembre de 2010 a mayo de 2011.

A la fecha, la recomendación 90/2011 no ha sido debidamente atendida por la Secretaría de Seguridad Pública federal, dependencia a la que fue dirigida. En una segunda visita, en 2012, documentaron la violación a los derechos humanos de los internos.

Y más aún, hace un año, en febrero de 2013, unos 600 reclusos se amotinaron ante las deficientes condiciones, por lo que la CNDH inició una investigación y ONG comenzaron un trabajo de campo para conocer las condiciones.

Los documentos de la CNDH y de las ONG coinciden en que falla la atención médica y alimentaria. Los reclusos están incomunicados, sufren maltrato, castigos y golpes, entre otras anomalías.

Entre las organizaciones están el Frente Cívico Sinaloense, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Comisión Mexicana de Derecho y Promoción de los Derechos Humanos, así como el Instituto de Justicia Procesal Penal.

Fallas en la atención

“En Cancún me visitaba mi familia, aquí es imposible. Nos trajeron con mentiras, sin nuestras cosas, sin una explicación. Cuando llegamos nos hablaron de las ventajas, pero es una mentira, no hay nada qué hacer. El mal aquí es la depresión, los ataques de ansiedad; 60% o 70% los tiene y sin atención médica. Tengo problemas en mis riñones y no se ponen de acuerdo cómo hacer para que mi familia me pueda mandar el medicamento. Y si tienes un dolor no hay atención inmediata, no hay motivación alguna. El deporte favorito es dormir porque no hay otra cosa qué hacer. Lo mejor de cada día es que llegue la noche”, lamenta una reclusa.

Una de las quejas recurrentes en el documento de las ONG es la relativa a la escasez y mala calidad de los alimentos, con señalamientos de que son preparados con poca higiene, poco variados y servidos en estado de descomposición o crudos, lo cual redunda en enfermedades gastrointestinales.

Incluso, la CNDH ha considerado que “las deficiencias que presentan las instalaciones destinadas a la preparación de los alimentos ponen en riesgo la salud de las personas privadas de la libertad” y “la provisión de comida no apta para el consumo humano”.

En cuanto a los servicios médicos, resalta que funcionan de manera irregular y la CNDH considera que esas fallas vulneran el derecho de los internos que puede derivar en un problema de salud pública, pues no se cuenta con suficientes médicos, especialistas, enfermeras, cuadro básico de medicamentos, ni programas de detección de enfermedades infectocontagiosas. En el complejo sólo hay un médico general, un ginecólogo y dos enfermeras.

Otras irregularidades y violaciones que las ONG exponen son malos tratos, amenazas, agresiones verbales, insultos, humillaciones y faltas de respeto. También se documentaron algunos casos de abuso de la fuerza, golpes y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte del personal de seguridad y custodia.

“Numerosos testimonios de internos e internas del complejo penitenciario indican que se ha venido aplicando un régimen disciplinario de carácter injustificado, arbitrario y violatorio de los derechos humanos”, indica el texto.

También se menciona que la sobrepoblación y la falta de personal carcelario que garantice la seguridad de los internos son un grave problema, que incluso ha denunciado de igual modo la CNDH.

“El Complejo Penitenciario Islas Marías presenta un grave problema de sobrepoblación, con el consecuente deterioro de los derechos humanos y las condiciones de habitabilidad y seguridad. En los últimos años, la población en el lugar pasó de alrededor de 800 internos a cerca de 8 mil. Algunos dormitorios albergan hasta 200 internos”, se detalla.

Otras irregularidades son violaciones al derecho de los internos para mantener contacto con sus familias y el exterior; en una de las visitas contabilizaron a 200 personas formadas en una fila para realizar una llamada telefónica.

También existe falta de defensores públicos y asesoría legal -para internos del fuero común-, ausencia de controles judiciales ordinarios efectivos sobre la administración del complejo penitenciario, aplicación de los llamados “estudios de personalidad” -violatorios de los derechos humanos de la población penitenciaria-, así como insuficiencia de actividades laborales remuneradas en el complejo penitenciario.

 

Fuente: El Universal

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