¿Cesar Duarte desvió dinero público a Union Progreso?

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En noviembre de 2014 un colectivo ciudadano denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) al gobernador de Chihuahua, Cesar Duarte, por haber utilizado recursos públicos y de dudosa procedencia para financiar la creación y expansión de un banco del que presuntamente es, junto con su esposa, uno de los principales accionistas.

El referido banco privado, denominado Banco Progreso de Chihuahua, nació de la fusión de varias sociedades financieras cuyo abogado resultó ser el propio Secretario de Hacienda del gobernador, quien hoy en día sigue en su puesto. “Es un conflicto de interés relativo”, declaró Duarte en su momento.

Esta semana diputados federales del PRD denunciaron públicamente que Jaime Beltrán del Río, candidato de su propio partido al gobierno de Chihuahua (en junio hay elecciones) fue consejero financiero de una de las sociedades implicadas en este entramado financiero que hasta el día de hoy sigue sin esclarecerse.

La averiguación previa que la PGR abrió hace año y medio por delitos que van del peculado al enriquecimiento ilícito, ya tiene más de 90 mil páginas… pero aún no se consigna. Este mismo mes, la Unidad de Análisis Financiero de la Procuraduría realizó nuevas diligencias que involucran transferencias electrónicas.

En noviembre de 2012 el gobernador Cesar Duarte y su esposa Bertha Olga Gómez Fong firmaron el Contrato del Fideicomiso número 744743 con un fondo de 65 millones de pesos. La cuenta del fideicomiso, su recurso y manejo quedó a disposición del banco BANORTE, y el acuerdo se formalizó ante el Notario Público número 6 de Chihuahua.

De acuerdo con Duarte, este fideicomiso fue un requisito que pidió la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que la entonces sociedad financiera Unión Progreso, (que estuvo a punto de quebrar en 2010 por malos manejos y puso en riesgo a cien mil ahorradores) se juntara con otras para crear el primer banco regional de la zona. El gobernador negó que eso lo convirtiera en accionista del banco.

“Era para exhibir un capital, el tema es que se requería un capital para hacer una solicitud y nada más, insisto de ninguna manera quise que fuera en Unión Progreso ni quise aportarlo o comprar acciones de las que hoy tienen y luego en el banco cambiarlas” dijo Duarte.

Pero en la denuncia presentada por la organización Movimiento Unión Ciudadana se estableció que el fiduciario del Fideicomiso 7444743, es decir Banorte, tenía la instrucción de invertir el dinero para comprar acciones de Unión Progreso o de cualquier de las otras sociedades financieras que luego, en 2014, se fusionaron para crear el banco Progreso, lo que volvió a Duarte y su esposa en accionistas del mismo y por ende en copropietarios.

“El fiduciario tenía la obligación de comprar las participaciones sociales de cualquiera de las sociedades con el evidente objeto de que los fideicomitentes (Duarte y su esposa) a la postre fueran socios de la entidad financiera que resultara de la fusión mencionada (…) pero protegiendo sus identidades a través del fideicomiso” dice el texto de la denuncia.

El fideicomiso que Duarte y su esposa crearon y que está vinculado con la creación del Banco Progreso fue de 65 millones de pesos. De acuerdo con el gobernador dichos recursos son personales pero provienen de sus negocios propios, no de las arcas públicas o de algún tipo de origen ilícito.

“Es dinero de mi capital, de mis recursos, de mi familia” dijo el gobernador en una entrevista del caso, en la que recordó que desde 1983 se dedica al negocio de la venta de vehículos en la frontera, y que también tiene ingresos por exportación de ganado.

No obstante, en la denuncia ante la PGR se pidió indagar el origen de los 65 millones, pues se estableció que ni aun ahorrando el salario de 120 mil pesos mensuales que recibe como gobernador, le hubiera alcanzado a Duarte para juntar el patrimonio del fideicomiso que surgió en 2012.

No se descartó que el dinero pudiera prevenir entonces de su esposa, pero dado que no hay antecedentes, y que la actividad empresarial de Duarte tampoco ampara un monto como ese según los denunciantes, se pidió verificarlo.

Jaime Herrera Corral fue contratado desde 2010 por Unión Progreso para tomar control de sus gestiones financieras y sanear distintas irregularidades que estuvieron a punto de llevarla a la quiebra.

En 2013 ya fungía como representante legal de dicha sociedad y de cuatro más que se unieron para proponer a la Comisión Nacional Bancaria la creación del Banco Progreso Chihuahua.

Pero Herrera Corral ha trabajado durante estos años no solo como representante de dicho consorcio sino también como secretario de Hacienda del Estado.

“Es un conflicto de interés relativo” dijo Duarte a finales de 2014, tras confirmar que su secretario fue contratado desde antes de iniciar el sexenio en Unión Progreso, primero con el objeto de rescatar a ducha sociedad y luego de reposicionarla. Dijo que le tocaba a las autoridades sancionar si esto era irregular.

En la denuncia presentada en septiembre de 2014 ante la PGR, se advirtió que Herrera Valles no solo caía en un conflicto de interés, sino que arteramente estaba cometiendo un delito pues como secretario de Hacienda autorizó el envió de millones de pesos… al banco que representa.

Unión Ciudadana entregó a la PGR documentos que evidenciaron que la administración de Javier Duarte hizo depósitos por más de 800 millones de pesos a la sociedad financiera Unión Progreso. Esto le permitió al referido grupo capitalizar pasivos y a su vez adquirir un crédito con ScotiaBank y los derechos del Hotel Soberano.

De acuerdo con la denuncia y con legisladores de oposición, con esta fórmula el gobierno de Duarte logró hacer crecer, con dinero público y la complicidad del secretario de Hacienda, la sociedad financiera de la que era socio así como su transformación en un banco.

Sobre esto, Duarte reconoció en una entrevista con el Heraldo de Chihuahua que si se habían hecho depósitos a Unión Progreso pero sostuvo que se debía a que fue la sociedad financiera que menor tasa de interés concedió (3.5 por ciento).

“Yo cuando supe de esos temas le solicité al secretario de Hacienda que me informara, el me acredita que tiene la mejor tasa de las que se puede obtener con cualquier otra institución. Algunos dicen que el Gobernador depositó en su banco, ahora resulta…” dijo el mandatario estatal.

Por la denuncia que interpuso Movimiento Unión Ciudadana, la PGR inició la averiguación previa PGR/UEAF/001/2014-09 en septiembre de 2014. Actualmente la indagatoria sigue abierta, ya cuenta con 90 tomos y más de 90 mil páginas.

Información de Animal Político se utilizo para la realización de esta nota 

 

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