Planearon matar a juez por vincular a sacerdote pederasta en CDJ

Ciudad Juárez— La Fiscalía General del Estado activó un protocolo de seguridad en favor de un juez de Control que, de acuerdo con información extraoficial en poder del Ministerio Público, fue amenazado de muerte por haber vinculado a proceso penal y encarcelado a un sacerdote católico de Nuevo Casas Grandes acusado de abuso sexual.

La activación del protocolo fue confirmada por el fiscal de la Zona Norte, Jorge Nava López, quien dijo contar con información preliminar sobre las supuestas amenazas contra el juez Mario Palma Meléndez, aun cuando no hay una denuncia formalmente presentada ante la Fiscalía Zona Norte.

Empresarios habrían juntado 300 mil pesos para pagar un sicario

“Esta alerta es un protocolo ordinario que se activa en casos donde ministerios públicos o jueces podrían ser amenazados, pero es algo normal, no tiene el juez seguridad personal”, dijo Nava.

El funcionario también mencionó que ha notificado a las autoridades del lugar sobre esta posibilidad para que estén atentos en recorridos e informados del caso, además de que existe expectación respecto a posibles movilizaciones de agrupaciones católicas a su favor.

El párroco es Ramiro Plascencia González, quien enfrenta dos vinculaciones a proceso por delitos sexuales, la segunda dictada el pasado 25 de abril por el juez Palma Meléndez, que además le impuso la medida cautelar de prisión preventiva que lo mantiene en el Centro de Readaptación Social número 3.

Previamente, en febrero, un juez de Control con jurisdicción en esta frontera, Antonio Coss Araujo, le dictó vinculación a proceso por otro caso de abuso sexual contra un menor de edad, pero lo dejó en libertad con la medida cautelar de no acercarse ni comunicarse con el denunciante durante un año.

La prisión preventiva dictada por Palma, por tanto, motivó diversas reacciones en aquella localidad, como agresiones físicas contra la familia de la segunda víctima y, como indica información obtenida por El Diario, una colecta de cinco empresarios de la región que reunieron 300 mil pesos para contratar los servicios del crimen organizado y deshacerse de Palma Meléndez.

El juez aludido mencionó a El Diario haber confirmado la colecta reunida por los empresarios, pero agregó que la usaron para pagar a un bufete de abogados para la defensa del sacerdote. Asimismo negó corroborar las amenazas.

Durante la audiencia celebrada el pasado 25 de abril, donde se deliberó por más de ocho horas hasta que Palma resolvió vincular al sacerdote, diversos testimonios expusieron que el acusado había logrado armar en sus años de servicio una especie de “séquito” en el que disponía de menores de edad para abusar de ellos dentro de las propias instalaciones de la iglesia, lo cual trató de ser desmentido por la parte defensora –a cargo de Javier Soto Orduño–, pero las pruebas acreditaron la versión del ministerio público.

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